Sería Prematuro Para La Justicia Federal Levantar La Medida Cautelar Sobre Los Bonos Argentinos

Argentina*Editor’s Note: This is the Spanish-language version of a WLF Legal Pulse post, It Would Be Premature for Federal Court to Lift the Argentina Bond Injunction, published earlier today.

El gobierno argentino afirma haber dado vuelta la página y que son serios acerca de tomar las medidas necesarias para recuperar el visto bueno de la comunidad financiera internacional. El gobierno del nuevo presidente, Mauricio Macri, ha entrado en negociaciones extendidas con los tenedores de bonos en default, algunos de los cuales no han recibido ningún pago hace más de 15 años. Esa aparente predisposición a un compromiso merece un aplauso. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. El pedido argentino de levantar la orden judicial vigente (realizado en los escritos presentados el jueves pasado en el juzgado y para ser presentado hoy por vía oral ante del juez) no se justifica hasta que la Nación lleve a cabo sus negociaciones en la buena fe prometida.

El WLF Legal Pulse ha ofrecido análisis jurídico sobre la batalla entre Argentina y sus acreedores hace la medida cautelar del juez norteamericano Thomas Griesa en 2012. El juez Griesa emitió la orden después de que Argentina se hubiera negado durante años a cumplir su compromiso contractual de proporcionar igualdad de trato a todos sus tenedores de bonos. El tratamiento desigual comenzó en 2005, cuando Argentina propuso una oferta de “lo tomas o lo dejas” a los titulares de bonos de 1994 (los “Bonos de la FAA”) que entraron en default en 2001; o bien aceptar una quita de 70% a cambio de la promesa argentina de retomar el pago de los bonos, o quedar excluidos de cobrar ni siquiera un centavo. Argentina fue fiel a su palabra: no pagó nada a los “holdouts”, es decir los tenedores de bonos que rechazaron el ultimátum de Argentina, en clara violación de una disposición en el contrato de los bonos que estipula “igualdad de trato” para todos los tenedores de los FAA. El juez Griesa reconoció que la soberanía de la Argentina le impidió obligar el país realizar pagos. En cambio, emitió una orden de restricción sobre Argentina impidiendo cualquier pago de intereses a los tenedores de los FAA que habían aceptado la quita, siempre y cuando el país no hiciera al mismo tempo los pagos a los holdouts.

Argentina respondió con denuncias de “imperialismo yanqui” y se comprometió a desafiar la orden judicial del juez Griesa aún durante su apelación en los tribunales superiores. Cuando el Tribunal Supremo de los EE.UU. rechazó la apelación final del país en junio de 2014 y se levantó el “stay” sobre la medida cautelar, Argentina trató de evadir (sin éxito) la orden judicial al intentar arreglar los pagos fuera de los Estados Unidos. Esos esfuerzos llevaron al juez Griesa a declarar que Argentina estaba en desacato al tribunal, y Argentina cayó en default con casi la totalidad de sus pagos de su deuda. No hace falta decir que la conducta de Argentina dejó al país afuera de los mercados internacionales de crédito durante años.

El presidente Macri fue elegido en noviembre de 2015 con una agenda que incluía el compromiso de restaurar la calificación crediticia de Argentina. La Argentina ha comenzado las negociaciones con los holdouts, y la semana pasada alcanzó un acuerdo de compromiso con algunos de ellos, en virtud del cual los tenedores de bonos aceptarán 72,5 centavos de dólar. Pero en lugar de seguir con las negociaciones con los holdouts restantes, Argentina presentó una moción ante el juez Griesa el jueves, 11 de febrero, para pedirle que levante la medida cautelar.

El juez debe rechazar ese pedido. La necesidad de una orden judicial es tan fuerte como lo era en 2012. Desde hace más de una década, Argentina ha mostrado su desprecio para con los holdouts. La medida cautelar fue lo que finalmente obligó a Argentina a sentarse en la mesa de negociación, mediante la prohibición de la Argentina de poder echar mano a otras fuentes de crédito mientras se negara a cumplir con sus obligaciones contractuales respecto de los holdouts. Si se levanta la medida cautelar, los holdouts restantes una vez más se quedarán fuera, en el frío, sin posibilidad alguna de poder cobrar las numerosas sentencias de los tribunales federales pendientes de pago contra Argentina.

Argentina ha asegurado ante la justicia que todos los holdouts serán tratados con equidad si se levanta la medida cautelar, pero la letra chica sugiere lo contrario. La oferta argentina, con un pago de 72,5%, sólo es válida hasta el 29 de febrero. Los holdouts que no aceptan el arreglo este mes verán el ofrecimiento de pago reducido al 70%. Así que, si se levanta la medida cautelar, los holdouts que no firmen en el inmediato perderán por completo su capacidad de negociación y por lo tanto no tendrán ningún medio de persuadir a Argentina que cumpla con la oferta actual. En otras palabras, la Argentina está nuevamente reiterando sus tácticas de “lo tomas o lo dejas”.

Argentina no se encontraría en su posición actual si no hubiera actuado de mala fe hacia sus acreedores durante más de una década. El juez Griesa emitió la orden con la esperanza de que esta llevaría a Argentina a entablar negociaciones de buena fe con los bonistas. Hay muchas razones para creer que las negociaciones, si continúan, darán fruto. Después de todo, los incentivos financieros para los bonistas, de llegar a un acuerdo de compromiso, son al menos tan contundentes como para la Argentina: ellos no recibirán nada hasta que se alcance un acuerdo. Después de 15 años de intransigencia de la Argentina, no se debe permitir que cante victoria y evitar negociaciones continuas simplemente al haber completado una sola ronda de negociaciones.

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